Diego Valle recuerda que las medidas adoptadas para reducir la deuda son «de imperiosa necesidad», pues el PSOE generó un déficit de 8.120 millones, 5,6 millones cada día
S.L.H. / Toledo
Con el primer discurso de Mariano Rajoy en su Debate de Investidura en el Congreso como telón de fondo, el consejero de Economía y Hacienda, Diego Valle, detalló cómo su departamento está haciendo frente al déficit y a la deuda que pesa sobre Castilla-La Mancha. Ante los diputados del PP y del PSOE, Valle anunció que el Gobierno regional sacará a subasta otros 16 edificios públicos, entre ellos las sedes del Consejo Económico y Social (CES) en Toledo y del Defensor del Pueblo, ubicada en Albacete, por los que espera recaudar unos 24 millones de euros. Cabe recordar que, tras meses de hostilidades entre populares y socialistas por este asunto, ambas instituciones van a desaparecer en pocos días. Estos 16 nuevos edificios se suman a los 18 que ya han salido a subasta y por los que se espera conseguir un mínimo de siete millones de euros.
Sin antojos.
Entre un amplio catálogo de medidas de aumento de los ingresos y de control del gasto, Valle justificó la puesta en marcha del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos en la «imperiosa necesidad» de reducir la deuda y el déficit contraído en la última legislatura y que cifró en 8.120 millones, 5,6 millones cada día.
Estas medidas, dijo, «no son un antojo del actual Gobierno», sino una respuesta a «la delicada situación» de las finanzas regionales, «consecuencia directa» de la gestión del anterior Ejecutivo. De este modo, explicó que como titular de Economía prevé cerrar el año con un déficit próximo al 9,7 por ciento, es decir, unos 3.700 millones de euros: «1.573 millones de ingresos sobrepresupuestados» y «2.127 millones de gastos infrapresupuestados». Respecto al pago de intereses previsto para el año 2012 éste se sitúa, según las estimaciones de la Consejería, en 370 millones, el seis por ciento del techo de gasto establecido para ese mismo ejercicio.
Otras de las medidas anunciadas ayer por Valle son el final de las subvenciones nominativas a cambio de procesos de concurrencia competitiva, con las que la Consejería prevé ahorrar 75 millones de euros. Asimismo, piensa reducir en un 50 por ciento las subvenciones y, en concreto, eliminar los 37 millones de ayudas a fondo perdido concedidas el último año sin respaldo presupuestario.
También se reducirán las subvenciones por operaciones corrientes a empresas públicas, 13,7 millones de euros, ahorro que se verá incrementado en 6,8 millones más tras la supresión del Instituto Don Quijote de Promoción Turística, Cultural y Artesana. Además explicó que se extremarán los controles para la justificación de las subvenciones recibidas o la petición de ampliación de plazo.
Por último, Valle anunció que la Junta de Comunidades estudia incluir una deducción en el IRPF para el fomento del autoempleo en compensación a la reducción de las ayudas a emprendedores y empresarios.
15mtomelloso 